En medio dela gran crisis sanitaria, el vicepresidente segundo de este Gobierno ha tenido a bien opinar respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que condena a una diputada de la Asamblea Regional de Madrid como autora de un delito de atentado, otro de daños y una falta de lesiones.
Recordemos por un momento lo que ha quedado probado según sentencia, entre otras cosas. La mencionada diputada de la Asamblea de Madrid prodigó los siguientes insultos a una agente de policía: "puta, hija de puta, zorra, cocainómana, que os folláis a los policías, si tuvieras un hijo con una pistola tendría que pegarte un tiro en la cabeza". Es admirable lo bien que se expresan algunos diputados de la Asamblea de Madrid. Qué dominio de la finura dialéctica, de la expresión sutil y contenida; qué gracejo al momento de describir a quienes protagonizan una situación; qué comedimiento en las formas y qué admirable demostración de autocontrol.
La literalidad de la opinión vertida por el vicepresidente segundo en Twitter, lugar maravilloso donde uno encuentra el conocimiento y la sabiduría en la boca de los demás, es la siguiente: "Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". No podía ser menos, muchos han aplaudido estas palabras, tanto los acólitos del opinador como los defensores de la diputada quien, por si alguien no se ha percatado aún, no tuvo un juicio al uso al disponer del privilegio procesal del fuero.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido con una declaración en la que rechaza estas manifestaciones y la sospecha respecto del proceder judicial que en ella se adivinan. Ninguno de los ministros del Gobierno que son jueces de profesión y, en su momento, miembros del CGPJ ha alzado la voz en queja por la actitud del vicepresidente segundo.
Se puede criticar las resoluciones judiciales. Todos deberíamos hacerlo. Es algo innato a la libertad de expresión. Otra cosa es que resulte procedente hacerlo desde uno de los poderes del Estado y tergiversando el contenido de la resolución, cosa que parece también improcedente. El vicepresidente da a entender en su mensaje que la diputada ha sido condenada por tratar de impedir un desahucio. Y no es así. Ha sido condenada por dos delitos y una falta. Pero remitirse a la realidad no interesa, no interesa nada. Especialmente para los correligionarios y seguidores del partido político del vicepresidente segundo, todos ellos expertos en escraches e impedir hablar en las universidades a quienes no son como ellos.
Ignoro si el desahucio al que se refiere el vicepresidente segundo es vergonzoso o no, pero desde luego que sí lo es insultar a la policía cuando ejecuta una orden judicial, evento en el que hubo no solamente insultos: también dos heridos. La sentencia se puede recurrir, pero no se puede recurrir el agravio, el insulto ni el tuit.
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