Crónica 30ª. El virus que se burlaba de las empresas

El Gobierno confisca los tests de detección rápida del coronavirus. 

PCR son las siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimerasa”), un tipo de pruebas de diagnóstico que se llevan utilizando desde hace mucho tiempo años en enfermedades infecciosas. Los test rápidos, que son más recientes, son, como su propio nombre indica, más rápidos y sencillos. Tanto unos como otros sirven para comprobar si una persona está infectada o no por el SARS-COV-2.

Pues bien. Como con tantas otras decisiones autoritarias y contrarias a la Constitución, el Gobierno ha decidido tomar el control de todas las pruebas de diagnóstico del coronavirus y confiscar cualquier iniciativa de las empresas por proveerse de estas pruebas para facilitar la vuelta al trabajo de forma segura de sus trabajadores. Porque las empresas lo que quieren es retomar cuanto antes la actividad y frenar la sangría que se les viene encima. De ahí la perplejidad ante la orden dictada por el Ministerio de Sanidad este martes 1 de abril sobre todo el material sanitario, aunque este provenga de entidades privadas. De hecho, requisó 2.000 pruebas de diagnóstico rápido a Siemens Gamesa. Ahora que lo pienso, lo mismo aprovechan y les multan por no garantizar la salud de sus empleados...

En la mencionada orden del Ministerio, firmada por Salvador Illa, se señala que "las comunidades autónomas tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal. Asimismo, cualquier entidad de naturaleza pública o privada que, en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19, adquiera hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentre ubicada y/o preste sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso. El Ministerio de Sanidad podrá adoptar, en su caso, las medidas oportunas en atención a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión". 

El escenario es el siguiente: por una parte, el Gobierno levanta el fin de la hibernación y solicita a todas las empresas que la vuelta a la normalidad se haga con las máximas garantías sanitarias; por la otra, se impide que dichas máximas garantías sean efectivas. 

La cuestión está clara: el Gobierno, incapaz como ha sido de gestionar esta u otras adquisiciones de manera eficaz, busca aprovisionarse como sea de la mayor cantidad de test posibles, tests que, como admitió uno de los miembros del comité científico de expertos que asesora al Gobierno, son escasos. España no tiene tests. No podemos hacer pruebas masivas y tampoco hacérselas a todos los pacientes sintomáticos. Además, el Gobierno se equivocó por dos veces al comprar a un mismo proveedor partidas de tests que, o bien eran falsos, o bien no se emplearon bien (no sabemos la verdad). No hay noticia de que el Gobierno haya consensuado con las empresas españolas de farmacología la opción de fabricar tests en el mayor número posible.

La incapacidad de este Gobierno es ingente. Hay un dicho que dice "en tiempos de bonanza, qué fácil es ser director general; pero cuando vienen mal dadas, qué pronto se distingue al inepto".